La reunión permitió revisar las nuevas atribuciones que entrega la Ley 21.600 al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y acordar mecanismos de colaboración para abordar denuncias e investigaciones ambientales. Entre los casos analizados estuvieron afectaciones al Desierto Florido y la extracción ilegal de macha en un área protegida de la región.
Mejorar la coordinación frente a denuncias que afecten especies, ecosistemas y áreas protegidas fue el objetivo de una reunión de trabajo realizada entre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones de Chile.
La jornada, desarrollada el 2 de septiembre, permitió revisar las competencias que la Ley 21.600 entrega al Servicio en materia de fiscalización, el procedimiento para recibir y analizar denuncias, las infracciones y sanciones contempladas en la normativa y las posibilidades de coordinación con la policía especializada cuando los antecedentes requieran una investigación de carácter penal.
El encuentro también permitió abordar los cambios que introduce la nueva institucionalidad ambiental y el rol que tendrá el Servicio en la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), así como los desafíos que supone contar con mecanismos eficaces para detectar y perseguir hechos que puedan provocar daños sobre el patrimonio natural.
Experiencia regional frente a denuncias ambientales
Uno de los casos abordados durante la reunión fue el Desierto Florido, fenómeno natural emblemático de Atacama que periódicamente concentra una alta presencia de visitantes y requiere especial atención frente a posibles afectaciones.
BIDEMA compartió la experiencia acumulada en la tramitación de denuncias asociadas a daños en estos ecosistemas y destacó que durante los últimos años los antecedentes presentados han adquirido mayor nivel de detalle, lo que facilita su análisis y permite que aquellos hechos que eventualmente revistan características de delito puedan ser derivados al Ministerio Público cuando corresponda.
Durante la jornada también se recordó la especial protección jurídica de las áreas protegidas y que determinadas conductas desarrolladas al interior de parques nacionales pueden constituir ilícitos penales conforme a la legislación vigente.
Otro de los casos analizados fue la extracción ilegal del recurso macha en Playa Las Salinas, al interior del ACMU IGA. BIDEMA expuso su experiencia frente a investigaciones que presentan indicios asociados a estructuras organizadas, un escenario que evidencia la necesidad de mantener una coordinación permanente entre instituciones con atribuciones ambientales, fiscalizadoras e investigativas.
Coordinación para responder mejor a las denuncias
Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron mantener canales de colaboración para aquellos casos que requieran análisis técnicos especializados del Servicio, así como para la recopilación de antecedentes, levantamiento de información y apoyo investigativo de BIDEMA cuando corresponda.
La coordinación busca complementar las capacidades de ambas instituciones. Mientras el Servicio cuenta con competencias especializadas en biodiversidad, áreas protegidas y fiscalización administrativa, BIDEMA dispone de capacidades investigativas para abordar hechos que puedan constituir delitos ambientales o afectar el patrimonio natural.
El trabajo conjunto cobra especial importancia en una región con ecosistemas y especies de alto valor ambiental, donde fenómenos como el Desierto Florido, las áreas protegidas terrestres y marinas y la explotación ilegal de recursos naturales plantean desafíos que requieren respuestas coordinadas.
Con este encuentro, el Servicio continúa desplegando una fiscalización basada en la prevención, la detección oportuna y la colaboración entre organismos públicos, con el objetivo de que las herramientas establecidas por la Ley 21.600 se traduzcan en una protección efectiva de la biodiversidad y las áreas protegidas.
