En su primera Cuenta Pública Participativa, la institución presentó la hoja de ruta para la integración de las áreas protegidas actualmente administradas por CONAF, proceso que comenzará en marzo de 2027.
Creado por la Ley 21.600, el Servicio comenzó a operar el 1 de febrero de este año con el mandato de integrar en una sola institución la conservación de especies, ecosistemas y áreas protegidas. En este primer período, el trabajo se ha concentrado en instalar el Servicio, sus oficinas, procesos y capacidades institucionales, conformar equipos en todo el país e implementar los instrumentos que permitirán ejercer las nuevas atribuciones establecidas por la ley.
Uno de los principales avances informados por el Servicio fue la consolidación progresiva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde el inicio de sus funciones, el Servicio asumió la administración de las 15 Áreas de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) existentes en el país, cinco de las cuales ya cuentan con planes de manejo en elaboración y otras dos iniciaron su proceso de revisión quinquenal, fortaleciendo su gestión y gobernanza.
En paralelo, la institución avanza en la homologación de áreas protegidas privadas, mecanismo que permitirá incorporarlas al Sistema Nacional bajo las categorías y estándares definidos por la Ley 21.600. Hasta la fecha, se han elaborado 47 informes técnicos -13 remitidos al Ministerio del Medio Ambiente- y cinco áreas protegidas privadas ya concluyeron su proceso de homologación.
Estos avances permiten avanzar hacia un sistema integrado que articula las distintas categorías de protección existentes en el país, promoviendo una gestión coherente de las áreas protegidas públicas y privadas, terrestres y marinas, bajo criterios comunes de conservación.
La base incorpora cerca de 2,9 millones de registros sobre especies, 1,9 millones sobre ecosistemas terrestres, más de 893 mil vinculados a áreas protegidas y cerca de 288 mil correspondientes a ecosistemas marinos. Una vez completado el proceso de validación e integración, esta información permitirá fortalecer la planificación, la fiscalización y la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad.
A ello se suma la puesta en marcha del Geoportal institucional y de herramientas digitales para apoyar la recepción de denuncias, el registro de actuaciones en terreno y el seguimiento de las principales amenazas que afectan a especies y ecosistemas.
La institución también informó avances en la implementación de instrumentos para la recuperación de especies y ecosistemas, la restauración ecológica, el control de especies exóticas invasoras y el uso sustentable de la biodiversidad, además del desarrollo del futuro Fondo Nacional de la Biodiversidad, que permitirá financiar proyectos de conservación, restauración, investigación y educación ambiental en todo el país, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado.
El despliegue institucional también se refleja en la presencia del Servicio en las 16 regiones del país, con un 94% de avance en la habilitación de sus dependencias. Como parte de este trabajo territorial, las direcciones regionales han emitido 220 pronunciamientos técnicos en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de desarrollar labores de coordinación, fiscalización y apoyo a la gestión de la biodiversidad.
La Cuenta Pública también abordó uno de los principales desafíos institucionales de los próximos años: la incorporación al Servicio de los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales actualmente administrados por CONAF, proceso que comenzará en marzo de 2027.
La transición considera el traspaso de más de 500 trabajadoras y trabajadores, además de infraestructura, bienes, contratos, recursos y procesos asociados a la administración de las áreas protegidas.
Para conducir este proceso ya se encuentra en funcionamiento una Mesa Nacional de Gestión del Cambio integrada por el Servicio, CONAF, los ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura, con el apoyo del Servicio Civil. Paralelamente, se han desplegado mesas regionales en distintas regiones del país para coordinar el trabajo con autoridades regionales, guardaparques, funcionarios y organizaciones de trabajadores.
Durante el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027 continuarán los grupos técnicos de trabajo, encuentros regionales, jornadas de inducción, simulaciones operativas y una etapa de marcha blanca destinada a asegurar la continuidad de la administración de las áreas protegidas.
