a) Fiscalización de Áreas Protegidas. El SBAP fiscaliza el cumplimiento de los planes de manejo, las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas y las obligaciones de los administradores de las áreas protegidas —públicas, privadas o comunitarias— que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conforme a lo dispuesto en los artículos 54, 61, 63 y 84 a 94 de la Ley N.º 21.600. Estas acciones garantizan que toda actividad desarrollada en dichas áreas —como investigación, turismo, construcción, aprovechamiento o intervención— se realice de acuerdo con los objetivos de conservación y restauración ecológica definidos para cada sitio.
b) Fiscalización sobre la Biodiversidad Fuera de Áreas Protegidas. La Ley 21.600 amplía la competencia del SBAP más allá de los límites de las áreas protegidas, otorgándole facultades para supervisar el cumplimiento de los instrumentos de conservación de la biodiversidad en donde éstos se implementen. Esto incluye la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, así como el seguimiento de planes de manejo para la conservación y planes de restauración ecológica. Todo esto en forma colaborativa y coordinada con los servicios públicos competentes, como el SAG, SERNAPESCA, CONAF, entre otros.
c) Control y Seguimiento de Instrumentos de Gestión. El SBAP verifica la correcta ejecución de los instrumentos de gestión ambiental y de conservación bajo su competencia: planes de recuperación, conservación y gestión de especies, planes de restauración ecológica y autorizaciones específicas.
d) Fiscalización Comunitaria y Colaborativa. La ciudadanía es un actor clave en la vigilancia ambiental. El SBAP promueve canales de denuncia, monitoreo participativo y colaboración comunitaria, de manera que habitantes, organizaciones territoriales y pueblos originarios puedan alertar sobre amenazas o incumplimientos en sus territorios. La fiscalización colaborativa es una herramienta de empoderamiento y corresponsabilidad social.
