Evaluación de Impacto Ambiental

La Ley 21.600 brinda al Servicio un rol clave dentro del proceso de evaluación ambiental, especialmente en todo lo relativo a biodiversidad, ecosistemas y áreas protegidas. El Servicio no aprueba proyectos, pero sí evalúa y opina técnicamente sobre los impactos que estos puedan tener en la naturaleza, y su informe es relevante dentro de la evaluación ambiental.

Dentro de las atribuciones y funciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas está el pronunciamiento sobre los impactos de los proyectos o actividades sobre biodiversidad, incluyendo las condiciones para mitigar, restaurar o compensar estos impactos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Es decir, el Servicio actúa como OAECA (órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental) y revisa los proyectos o actividades que ingresan al SEIA, verificando que se hagan cargo de sus efectos o impactos sobre la biodiversidad y que se cumpla con la normativa sectorial vigente. 

Se busca instalar un sello con mirada ecosistémica de la biodiversidad y dejar de evaluar a la naturaleza como un conjunto de piezas aisladas, entendiéndola como un sistema interconectado, donde especies, agua, suelos, vegetación y procesos ecológicos se sostienen mutuamente. Más que revisar componentes por separado, el desafío es comprender qué relaciones ecológicas se alteran y cómo eso puede afectar la salud futura del ecosistema.

El Servicio emite su opinión técnica sobre proyectos a través de pronunciamientos fundamentados que se enmarcan en la regulación vigente, buscando reducir espacios de discrecionalidad y aportar al proceso de evaluación ambiental con una mirada especializada que permita compatibilizar el desarrollo económico y social con la protección del patrimonio natural y el apropiado resguardo de los estándares ambientales que significan contar con una ley y un servicio especializado en la conservación de la biodiversidad. 



 

¿Qué hará el Servicio en el proceso de evaluación ambiental?

Cuando un proyecto (por ejemplo, una carretera, faena, planta o urbanización) entra al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas:

Revisará los impactos sobre la naturaleza, evaluando cómo el proyecto puede afectar:

  • ecosistemas,
  • especies de flora y fauna,
  • hábitats,
  • áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación.

Emitirá informes técnicos especializados

El Servicio entregará informes fundamentados sobre biodiversidad dentro del proceso de evaluación ambiental, siendo el organismo del Estado que opina con conocimiento experto cuando un proyecto puede afectar la naturaleza.

 

Dará coherencia y criterio técnico

Con la Ley 21.600, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pasa a ser la autoridad especializada en biodiversidad, entregando criterios técnicos claros, información científica y una mirada ecosistémica.

 

El Servicio NO aprueba ni rechaza proyectos

Esta función sigue siendo tarea del SEA y la Comisión de Evaluación Ambiental, pero la opinión técnica del Servicio sí importa dentro del proceso.

 

Prevención, mitigación y compensación

La Ley 21.600 refuerza que, en la evaluación ambiental, primero se debe:

  1. Evitar el daño a la biodiversidad
  2. Si no es posible, reducirlo o mitigarlo
  3. Y solo al final, compensarlo

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene un rol clave en revisar que esto se cumpla correctamente cuando hay impactos sobre la naturaleza.



 

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jul. 14, 2026, 11:47 by User Not Found
En la actividad se entregaron orientaciones técnicas especializadas para responder de manera oportuna y coordinada ante derrames de sustancias nocivas en el mar.

Con el objetivo de reforzar la preparación institucional frente a emergencias ambientales que puedan afectar la biodiversidad y las áreas marinas protegidas, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas participó en el "Taller Técnico de Respuesta a Contaminación por Sustancias Nocivas (NHS) y Combustibles Alternativos", organizado por la Dirección de Intereses Marinos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) de la Armada de Chile, en Valparaíso. 

La instancia entregó orientaciones técnicas especializadas para responder de manera oportuna y coordinada ante derrames de sustancias nocivas en el medio acuático, abordando los desafíos que plantean los nuevos combustibles utilizados por la industria marítima y sus potenciales impactos sobre los ecosistemas. 

En representación del Servicio participaron María Fernanda Mercado, encargada regional de Fiscalización, y Andrés Cádiz, gestor regional de Áreas Marinas Protegidas. 

María Fernanda Mercado, encargada regional de Fiscalización, y Andrés Cádiz, gestor regional de Áreas Marinas Protegidas. 

“La actualización de conocimientos sobre protocolos de respuesta, evaluación de riesgos y manejo de emergencias sin duda que contribuye a una gestión más eficaz de las áreas protegidas y de los ecosistemas costeros, reforzando nuestro rol como Servicio frente a amenazas derivadas de la contaminación”, destacó María Fernanda Mercado. 

El taller estuvo a cargo de representantes de la Federación Internacional de Propietarios de Buques Tanque contra la Contaminación (ITOPF, por sus siglas en inglés), organización internacional dedicada a promover respuestas efectivas y eficientes frente a derrames de petróleo, productos químicos y otras sustancias peligrosas provenientes de buques en el medio marino. 

 

 

“Para nosotros, como Servicio, este tipo de instancias técnicas resultan especialmente relevantes, ya que nos permite fortalecer conocimientos y avanzar en una mejor coordinación interinstitucional para la protección de la biodiversidad marina”, resaltó Andrés Cádiz.  

La actividad se desarrolló en la sala de conferencias del Centro de Instrucción y Capacitación Marítima, CIMAR, en el sector de Playa Ancha, Valparaíso.


 

 

 

 

 

 

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